El punto de acuerdo, aprobado en la sesión del Pleno, subraya que la mala calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey, se ha deteriorado significativamente en la última década, lo que constituye una problemática social que merece atención de las autoridades correspondientes.
El diputado proponente, Edgar Romo García (PRI), señaló que la Ciudad de México no es la única zona urbana con un problema serio de contaminación del aire, sino que también hay que sumar las problemáticas que se presentan en las ciudades de Monterrey, Toluca, Salamanca y León que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), registraron los mayores niveles de contaminación durante el año 2011.
Como antecedente, mencionó que en la región de la Ciudad de México existe una Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la cual fue creada por los gobiernos del Distrito Federal, de los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como por la Federación, con el objeto de atemperar y combatir la problemática ambiental de esa región.
Expuso que la calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey se ve afectada principalmente por las partículas menores a 10 micrómetros (PM10) y el ozono (O3); estos contaminantes constituyen un mayor riesgo a la salud, debido a la magnitud de sus concentraciones en el aire y a la alta frecuencia en que exceden los límites máximos permisibles.
Comentó que los contaminantes del aire afectan principalmente la salud de las personas que residen en dichas zonas urbanas, provocando muertes por inhalación de pequeñas partículas contaminantes del aire, cardiopatías, cáncer de pulmón, asma e infecciones agudas en las vías respiratorias inferiores.
Señaló que la comisión deberá abordar el mejoramiento de la calidad de aire, combate al cambio climático, gestión integral de recursos hídricos y conservación y restauración de la biodiversidad.
Es fundamental que el estado regiomontano realice y ejecute diversas acciones de combate a esta problemática, mediante la verificación vehicular, restricciones a la circulación vehicular, proyectos de infraestructura, modernización de unidades de transporte público, de carga y pasaje, y los beneficios que conlleva la sustitución de autos convencionales por autos híbridos, resaltó.
El diputado Alfredo Basurto Román (Morena) indicó que los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey padecen varias enfermedades como asma y cáncer de pulmón, por los altos contaminantes que tiene la ciudad. “Desafortunadamente, es un estado 100 por ciento industrial, el subsuelo y los mantos acuíferos están contaminados”, precisó.
Expuso que el gobierno de Nuevo León debe implementar y coordinarse con todos los municipios de esa zona metropolitana, para establecer medidas que realmente restablezcan el sistema ecológico y de los mantos acuíferos, y aseguró que cinco de 10 muertes son a causa de la contaminación.
Por su parte, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (Nueva Alianza) comentó que por los elevados índices de contaminantes que presentan, el área metropolitana de Monterrey es una de las zonas urbanas del país con mayor contaminación en el aire, en donde nueve de sus 10 estaciones de monitoreo registran cotidianamente más de cien puntos en el índice metropolitano de la calidad del aire.
La legisladora Alma Lucia Arzaluz Alonso (PVEM) coincidió en que para atender esta problemática es necesario la creación de una Comisión Ambiental del Área Metropolitana de Monterrey, cuyos principales ejes de acción sean el mejoramiento de la calidad del aire, el combate al cambio climático, la gestión integral de recursos hídricos, la conservación y restauración de la biodiversidad, la prevención y el control de la contaminación atmosférica.
En su intervención, el legislador del PRD, Juan Fernando Rubio Quiroz, manifestó que se requiere de una comisión ambiental que permita mejorar la calidad del aire del estado y que pueda ser capaz de regular, emitir normas y reglamentos, Y de sancionar, pero, sobre todo, que se pueda coordinar con el gobierno federal.
Señaló que este problema se pudo haber evitado desde antes si al estado de Nuevo León no se le hubieran quitado 66 millones de pesos de su programa de Fortalecimiento a las Entidades Federativas ni recortado 20,000 millones de pesos a su presupuesto en materia ambiental.