Senadores y diputados avalaron el dictamen en el que también se pide a la secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) que en 15 días remitan un reporte sobre los proyectos de infraestructura en los que haya participado o actualmente participe OHL.
Al ejecutivo del Estado de México, le requirió que, a través de la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia estatales, explique las acciones administrativas y legales interpuestas en contra de servidores públicos, derivadas de la investigación en la operación de la concesión del “Viaducto Bicentenario” por dicha empresa.
Adicionalmente, los legisladores demandaron a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano Superior de Fiscalización del Congreso local que realicen, dentro de sus respectivos ámbitos, una auditoría integral y exhaustiva de los recursos públicos, federales y estatales, destinados al Viaducto Bicentenario, y actúen legalmente en contra de los funcionarios implicado en posibles ilícitos.
En el dictamen, los legisladores recordaron la reciente aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de combatir la corrupción, que actualmente es uno de los más preocupantes flagelos sociales, por lo que la población exige una solución.
Señalaron que el propósito de los resolutivos, es esclarecer y llegar a fondo en la investigación realizada a partir de los audios difundidos en medios de comunicación, en los que se escucha a directivos de OHL revelar que se triplicó el costo de la construcción del Viaducto Bicentenario.
Al pronunciarse a favor del dictamen, el coordinador parlamentario del PT en el Senado, Manuel Bartlett Díaz, refrendó la necesidad de combatir el flagelo de la corrupción, pues éste representa una grave descomposición social.
En el sistema de corrupción, aseveró, existe corresponsabilidad de autoridades de gobierno y partidos políticos, y esto es lo que está acabando con el país, toda vez que el dinero ilícito que transita entre empresas particulares y funcionarios se utiliza para financiar actividades políticas y electorales.
OHL es un ejemplo de corrupción organizada, pues al concentrar un importante porcentaje de vialidades en el país, concentra los ingresos que generan más del 25 por ciento de autos que pagan peaje, puntualizó.
El senador petista hizo hincapié en que los legisladores tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley contra aquellos funcionarios públicos que participaron en actos de corrupción al privilegiar concesiones a empresas como ésta.
En el debate participaron los diputados María de Lourdes Amaya Reyes y Miguel Alonso Raya, del PRD; Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Lilia Aguilar Gil, del PT; y Cristina Ruiz Sandoval, del PRI.
Cabe señalar que el dictamen destaca que actualmente OHL México construye, administra, opera y mantiene, además del Viaducto Bicentenario, cinco autopistas de peajes y un aeropuerto: Circuito Exterior Mexiquense, con una concesión que vence en 2051; viaducto elevado en la ciudad de México, con un contrato hasta 2043; Supervía Poetas, el periodo de concesión vence en 2043.
El Corredor Carretero, que conecta la región central de México con el puerto de Veracruz, por un periodo de 30 años a partir de octubre de 2008; Libramiento Norte de la ciudad de Puebla, que concluirá en marzo de 2038; el Aeropuerto Internacional de Toluca, con una concesión al 2055.