Moguel Ballado hizo notar que las verdades a medias y los silencios calculados sobre algunos tópicos que se han generado en torno a este escándalo presidencial sólo alientan a que más funcionarios sigan su ejemplo y se amparen bajo el velo de la impunidad que deja en entredicho no sólo su honestidad, sino la probidad de todos los mexicanos en el contexto internacional.
El diputado subrayó que pese a la explicación que dio el secretario Ruiz Esparza ante la Comisión Especial en la Cámara de Diputados quedaron sin responder varias preguntas que planteo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) respecto a la cancelación del contrato, así como de su adjudicación y su relación con Casa Blanca.
Moguel Ballado destacó que el exhorto, que fue aprobado por mayoría en el pleno de la ALDF, en donde ambos funcionarios fueron convocados a dar una explicación convincente al respecto, aún siguen callados creyendo que la sociedad mexicana se olvidará de este penoso asunto con la algarabía de las fiestas decembrinas. Están equivocados quienes piensan que durante el popularmente llamado maratón Guadalupe-Reyes todo quedará en el olvido, aseguró.
No es posible, indicó, que los mexicanos dejemos de lado que de nuestros bolsillos tendrá que salir el pago demás de 590 millones de pesos por el respectivo pago de indemnización por daños al consorcio que encabeza la empresa China Railway Construction Corporation Limited, junto con la empresa Teya perteneciente al Grupo Higa que está ligado a Eolo Plus e Ingeniería e Inmobiliaria del Centro que construirían el TAV México-Querétaro.
Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, debe aclarar por qué defendió a ultranza el otorgamiento de la licitación a este consorcio y luego, días después, dio a conocer su cancelación, justo cuando el periódico norteamericano New York Times y otro diario, dieron a conocer lo relativo a lo que hoy conocemos como la ´Casa Blanca´.
En el contenido del punto de acuerdo, Moguel Ballado destacó un exhortó a ambos titulares del Gobierno Federal para que rindan un informe pormenorizado respecto a la revocación del fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad (TAV) México-Querétaro, así como la inclusión fiscal de la casa que le fue transmitida por parte de la empresa Televisa a la esposa el Presidente Peña Nieto, la señora Angélica Rivera Hurtado, en su declaración patrimonial.
En el documento de ocho hojas solicitó a la Secretaría de la Función Pública realice las investigaciones necesarias para fincar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, a los servidores públicos que por cuya causa se hubiese revocado el fallo respectivo.
Consideró que es urgente se tengan, a la brevedad, los resultados de la amplia investigación que habrían de realizar las autoridades competentes debido a que por errores burocráticos o sombríos intereses se tuvo que cancelar la contratación de servicios a la empresa China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) que tendrá un costo para todos los mexicanos del orden de los 590 millones de pesos que corresponde al uno por ciento de la propuesta económica que se presentó para la licitación
Precisó que sigue siendo una obligación de Peña Nieto incluir en su declaración patrimonial lo relativo a la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo de su cónyuge y demás dependientes económicos, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos durante toda su administración.
De igual manera, Moguel Ballado exigió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) informen sobre el cobro de impuestos que se generaron con motivo de la casa que le fue transmitida a Angélica Rivera por parte de la empresa Televisa, pese al destino que le haya dado, real o no, a la propiedad en conflicto.
Demandó asimismo al Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) para que proporcione la versión pública de los antecedentes registrales de la propiedad denominada Casa de la Palma, propiedad de la señora Rivera Hurtado.
El diputado local lamentó que ambos casos se deriven de dudosas acciones que provengan de quienes deben ser ejemplo de honestidad y transparencia frente al país y el contexto internacional.
Insistió en que son más de 30 días y aún no hay respuesta por lo que consideró necesario formular otras estrategias con la finalidad de que se esclarezca este caso a la brevedad posible por el bien del país.