Es una demanda y exigencia ciudadana que el gobierno de la ciudad de México está obligado a responder, independientemente de que a la fecha la Línea 12 se encuentre en total operación, con todos los protocolos de seguridad y propicien certidumbre en el trayecto de los usuarios a su área laboral y regreso a casa.
Precedido de la suspensión parcial de la Línea 12 y de la omisión de acciones que produjeron daños al patrimonio del gobierno capitalino, la CGDF instrumentó 34 procedimientos administrativos disciplinarios, en contra de 162 servidores públicos relacionados con las irregularidades administrativas detectadas, de los cuales fueron sancionados 125.
A la fecha se han dictado 64 resoluciones administrativas debido a la injerencia de los servidores públicos en el incumplimiento de sus obligaciones y en consecuencia se sancionaron con una medida disciplinaria en las que se impusieron sanciones administrativas, independientemente de otro tipo de responsabilidades que van desde la destitución del cargo hasta inhabilitación para desempeñarse en el servicio público.
Por otra parte, 43 servidores públicos han promovido 86 juicios de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en contra de las sanciones impuestas.
Sin embargo, se han dictado 46 sentencias en primera instancia, de las cuales en 15 se ha confirmado la validez de la sanción.
En 10 casos se ha declarado la nulidad para el efecto de que la Contraloría perfeccione los argumentos administrativos que consideró para sancionar, por lo que se reiterará la sanción correspondiente y en 21 casos se ha decretado la nulidad lisa y llana de la sanción.
Estas sentencias han sido recurridas a través del recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal, por la parte que no fue favorecida en la primera instancia, teniendo a la fecha como resultado, que en 3 casos se ha reconocido la validez de la sanción, en 4 declara la nulidad para efectos y en 9 se ha confirmado la nulidad lisa y llana, estando pendiente de resolverse 30 recursos de apelación.
Cuarenta servidores públicos, al haber sido sancionados en más de un procedimiento, promovieron más de un juicio de nulidad, siendo esto importante, pues al haberse resuelto la validez de la sanción en 15 juicios y en 10 más se permita a la Contraloría perfeccionar su sanción, representa que a 25 de 40 servidores públicos se les ha confirmado la sanción impuesta y quedan pendientes de resolverse juicios en las dos instancias.
Por lo que refiere a la materia penal, se han presentado 14 denuncias ante el Ministerio Público en contra de 65 servidores públicos, lo que ha derivado en dos procesos ante juzgados penales por los delitos de uso ilegal de atribuciones y en un caso por concusión, procesos penales en los que se giraron las respectivas órdenes de aprehensión solicitadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Asimismo, tres procedimientos administrativos disciplinarios se encuentran pendientes de emitir resolución.
Respecto de la auditoria 20G, realizada por la Contraloría Interna en Obras, se informa que se encuentra en el área de Quejas Denuncias y Responsabilidades, para el inicio de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, en contra de 23 servidores públicos.
Asimismo, se realizarán 9 denuncias de acciones resarcitorias, para que en todo caso la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, determine las acciones correspondientes.
Finalmente, por lo que se refiere a la auditoría 21G realizada por la Contraloría Interna en Obras, se determinaron 24 observaciones, las cuales se encuentran en fase de realización del Dictamen de Auditoría correspondiente, a efecto de iniciar los Procedimientos Administrativos Disciplinarios si fuera el caso.
La CGDF continuará ejecutando las sanciones que correspondan, atendiendo las denuncias radicadas ante esta dependencia, lo que implica observar las etapas procesales tales como: la radicación de los expedientes de investigación, notificación de inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario, desahogo de la audiencia de ley (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos) concluyendo con la emisión de la resolución relativa al caso concreto.
Con estas acciones, el gobierno de la ciudad de México refrenda su compromiso de respetar el estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando con ello la legalidad, la gobernabilidad y la estabilidad democrática.
El gobierno de la ciudad en el marco de la legalidad se ajusta a los términos y alcances procesales establecidos por el marco jurídico vigente, lo que no impide impulsar las reformas en el marco del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.