Durante un diálogo sobre la Cooperación para el Desarrollo ALC-CAD celebrado este miércoles en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la funcionaria precisó que el nivel de desarrollo tiene que ser evaluado con un enfoque integral y no solo sobre la base del ingreso per cápita.
Recordó que 28 de los 33 países de la región son considerados de renta media de acuerdo con su nivel de ingreso per cápita, aunque persisten notables disparidades en otras variables del desarrollo, tanto entre ellos como dentro de cada uno.
“No se puede equiparar el nivel de ingreso de un país con su desarrollo, que implica una evaluación de otras brechas”, indicó al citar entre otras las diferencias en materia de pobreza y desigualdad, inversión, ahorro, infraestructura, productividad e innovación, educación, salud y seguridad social, entre otras.
Ante la posibilidad que en 2017 el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) retire de la lista de países receptores de la ayuda, la representante remarcó que no existe una clasificación única ni un criterio uniforme para evaluar las necesidades del desarrollo.
Subrayó que el nivel de ingreso por persona de un país tampoco refleja su capacidad de ahorro, de movilización de recursos internos ni de acceso a los mercados de capitales externos y otras fuentes de financiamiento para promover el desarrollo.
En ese sentido, dijo que Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) del Caribe, necesitan apoyo adicional para afrontar el daño causado por fenómenos naturales extremos, una de las causas de su elevado endeudamiento.
Bárcena Ibarra precisó que a medida que disminuyeron los flujos de Ayuda Oficial de Desarrollo, la región dependió en mayor medida de los flujos privados, luego que la inversión extranjera directa y las remesas constituyen el grueso del financiamiento externo con 52 y 26 por ciento del total, respectivamente.
Al mismo tiempo, se estima que en promedio entre 2003 y 2012 los flujos financieros ilícitos que salieron de la región ascendieron a 320 mil millones de dólares al año, lo que implica que duplicaron las remesas y representaron 16 veces la ayuda.
En dicho escenario, Bárcena Ibarra refirió que se requiere que el sector público intervenga para atraer la inversión privada hacia las necesidades de desarrollo que plantea la Agenda 2030, así como recurrir a fuentes innovadoras de financiamiento y nuevas modalidades de colaboración.