Comentó que la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que trabaja dentro de Pemex, remitió un dictamen en el cual se desprende que en la refinería de Tula, Hidalgo, hubo pagos en exceso por 122 millones de pesos.
El funcionario abordó el asunto a pregunta expresa del diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM), durante su comparecencia ante el Pleno cameral, con motivo del análisis del sexto informe de gobierno del Ejecutivo federal.
“A la fecha, Pemex no tiene ningún contrato con la empresa Odebrecht, y Pemex Transformación Industrial acaba de presentar una denuncia reclamando el pago de los 122 millones de pesos que la Unidad de Responsabilidades nos señaló hace unos días”, comentó.
Refirió que, el 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la empresa Odebrecht se declaró culpable por haber pagado sobornos a servidores públicos en varios países y al siguiente día se inició la investigación del caso en México.
Casi un mes después, el 25 de enero de 2017, Pemex presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), tras comunicarse con el Departamento de Justicia estadounidense, recordó.
Treviño Medina dijo que la investigación de la PGR sigue en curso y que, a la fecha, esta dependencia ha interrogado a 20 funcionarios, incluidos algunos de Pemex, así como a dos ex integrantes de Odebrecht, incluyendo al propio Marcelo Odebrecht.
Apuntó que el 30 de enero de 2017, Pemex exhibió 23 contratos individuales de trabajo de los diversos servidores públicos, solicitados por la PGR, y después exhibió cuatro contratos celebrados con Odebrecht.
“El 5 de abril de 2017 publicamos en Internet los cuatro contratos que celebramos con esa empresa. El 6 de junio de 2017 rescindimos el contrato de Tula 2, que era el que estaba vigente”, externó.
Informó que el 15 de junio de 2017, Pemex contrató un despacho para hacer una investigación interna, y un mes después se aprobó un programa para combatir y prevenir actos de corrupción.
Asimismo, dijo que la SFP, entre junio y septiembre de 2017, inició ocho procedimientos administrativos en contra de diferentes servidores públicos, por irregularidades en los procesos relativos al contrato de la refinería de Tula, de los cuales ya emitió cuatro resoluciones, “dos inhabilitando a la empresa y dos en contra de un servidor público”
El funcionario subrayó que las investigaciones siguen en curso y “en Pemex seguiremos colaborando estrechamente con la PGR y la SFP y en la recuperación de los 122 millones de pesos que nos indicó la Unidad de Responsabilidades”, finalizó.
El diputado Gómez Alcantar hizo un reconocimiento al funcionario por informar al Pleno sobre dicho caso; sin embargo, “quiero anticiparle que no basta con la información proporcionada, presionaremos para que toda la verdad salga a la luz”.
“Exigimos el seguimiento puntual a este caso. Es Pemex quien tiene la obligación de dar a conocer los avances y sanciones que se impongan a los involucrados. Reconozco su trabajo frente a Pemex, felicito una gestión transparente y que se esfuerza por darle certeza a los mexicanos”, concluyó.